Por Juan Pablo Ojeda

 

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia diplomática, tras una serie de declaraciones que han profundizado las tensiones entre ambos países. Esta vez, el foco de conflicto es la falta de cooperación en torno al vuelo ilegal que trasladó a los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael «El Mayo» Zambada García y Joaquín Guzmán López, desde México hasta un aeropuerto en Nuevo México.

El 15 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR), bajo la dirección de Alejandro Gertz Manero, emitió un comunicado en el que se señaló a las autoridades estadounidenses por no proporcionar información detallada sobre el vuelo en cuestión. La FGR, apoyada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos una serie de documentos cruciales para la investigación. Entre ellos se incluyen registros sobre la autorización del vuelo por parte de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), informes del sistema de seguridad de radares en la frontera, y detalles sobre la identificación de la aeronave y sus pasajeros.

Pese a la solicitud detallada de la FGR, hasta la fecha, la información requerida no ha sido entregada. Este retraso en la cooperación ha generado una nueva ronda de tensiones entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.

En respuesta a las acusaciones, el embajador Salazar se dirigió a la prensa el viernes pasado, asegurando que Estados Unidos ha estado colaborando «desde el momento en que supimos lo que pasó». Salazar afirmó que ha mantenido una comunicación constante con el gobierno mexicano y que incluso viajó personalmente a El Paso, Texas, para revisar la evidencia y garantizar la cooperación. “Yo, como el presidente López Obrador, espero se puedan tener las conclusiones de las negociaciones para qué se pueda informar a todos”, declaró Salazar.

El embajador también destacó que la información solicitada por la FGR sigue bajo revisión y que su divulgación podría comprometer las investigaciones en curso. Según Salazar, tanto las autoridades estadounidenses como mexicanas están llevando a cabo investigaciones paralelas, y la protección de la integridad de estas investigaciones es prioritaria, especialmente considerando que los juicios de Zambada García y Guzmán López están programados para el 9 y 30 de septiembre, respectivamente.

Esta declaración ha dejado abierta la posibilidad de que la información solicitada por la FGR no sea entregada hasta que concluyan los juicios, lo que ha generado inquietud sobre la transparencia y el ritmo de la cooperación entre ambos gobiernos.

El creciente desacuerdo subraya la complejidad de la colaboración internacional en casos de narcotráfico y destaca las tensiones inherentes en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Mientras las autoridades de ambos países intentan resolver estas diferencias, la presión sobre ambos lados para avanzar en la investigación y asegurar justicia para las víctimas del crimen organizado continúa en aumento.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *